15/07/2020

Tironeo minero entre privados: los dueños del campo denuncian por falta de pago a grandes proyectos

COMPARTIR

Reclaman cifras millonarias porque dicen que nunca abonaron por servidumbre y daños. Y empezaron con pedidos para que les retiren la concesión. Apuntan a Fortescue, Altar y Los Azules, entre otros.

Campo Cortez Monroy (CCM SA) es una propiedad en Calingasta que alberga a muchos de los grandes proyectos mineros en carpeta de la provincia, y una importante cantidad de cateos. De sus 203.000 ha, hay un 70% ocupadas por estos emprendimientos, y ahora sus propietarios dicen que se cansaron de reclamar el pago de lo que consideran que les deben por ley del Código Minero y comenzaron con una catarata de pedidos de nulidad y caducidad ante la autoridad de aplicación.

Esta ofensiva que emprendieron los apoderados legales de la propiedad se apoyan en que sostienen que esos proyectos, entre ellos muchos de los de mayor envergadura, están en deuda con ellos porque están obligados a abonar por esa ocupación, y no lo hacen.

Más aún, las presentaciones señalan que lo que hacen muchos de ellos es un “negocio inmobiliario” para montar operaciones de compra y venta sin llegar nunca a poner operativas a esas minas durante más de 20 años, lo que se suma al daño patrimonial que ellos denuncian.

Por eso ya presentaron 27 reclamos ante la autoridad minera provincial desde marzo hasta ahora, por considerar que esas violaciones encuadran en las causales para que sean declaradas nulas o revocadas las concesiones. Y anuncian otros reclamos en otros proyectos, con contenidos similares, mientras se inician las negociaciones entre estos privados: los dueños de la propiedad y los de los emprendimientos mineros.

La primera batería de presentaciones fue contra la australiana Fortescue, que adquirió el proyecto Rincones de Araya a Argentina Minera, propiedad de Ricardo Martínez. Son 26.000 hectáreas ocupadas en esa estancia por las que CCM solicitó la nulidad por la presunta comisión de un eventual “fraude procesal”. Y una cautelar para evitar que sea traspasada a otro titular.

El 26 de Mayo, CCM hizo una nueva presentación por 7 áreas mineras en manos de McEwen Minning, propietaria de Sociedad Andes y Minandes en San Juan, donde desarrollan el proyecto Los Azules. Según CCM, ocupa 9.600 ha de su propiedad y pidieron la caducidad de concesión porque sostienen que está abandonada. También reclamaron la cautelar para evitar su venta.

Y ese mismo día presentaron otro reclamo contra Minera Argentina en 15 áreas en las zonas de Yaretas, la Lumbrera, Río Castaño, Río Calderón o Ansilta. También solicitaron la caducidad de la concesión más la cautelar para evitar su traspaso.

El sistema de exploración y explotación en el país está contemplado en el Código Minero que es de 1887 y fue reformado hasta el año 1995 para favorecer las inversiones mineras en el país teniendo en cuenta el interés públicos de los minerales alojados en el subsuelo de las extensiones (oro, plata o cobre, por ejemplo), que como no están en la superficie son de propiedad pública.

Esas concesiones son otorgados por los gobiernos provinciales y nacional, de acuerdo el lugar donde se encuentren. De la forma en que está redactado, favorece que cualquier persona o empresa con mínimos requisitos o respaldo económico pueda buscar esos minerales en propiedad de cualquier superficiario, es decir el dueño de la tierra.

Eso originó que existan unas 3.000 concesiones en todo el país, de las cuales apenas el 2% registra actividad. Y generó un circuito financiero que es utilizado por grandes proyectos para operaciones de compra-venta que casi nunca ven la luz como reales explotaciones, que es lo que busca el Estado mediante extracción, generación de riqueza y creación de puestos de trabajo.

Justamente sobre ese punto es en lo que viene trabajado el gobierno provincial en los últimos meses: intentar que esos cateos se conviertan definitivamente en proyectos mineros, y si sus propietarios no están en condiciones de hacerlo, fomentar el traspaso a otras empresas que sí tengan esa intención. Muchos de esos grandes proyectos del futuro están en el CCM: Azules, Altar y la propia Pachón.

Y en el medio están los tironeos entre los dueños del campo y los de los proyectos. En su presentación, los apoderados de CCM sostienen que muchos de esos proyectos están violando las disposiciones legales porque no abonan los conceptos de servidumbre de paso, ocupación y daños por el uso, contemplados en la legislación vigente. Por eso reclaman que esas concesiones sean revocadas.

Además de las presentaciones que hizo en esas zonas citadas, los dueños del CCM vienen llevando negociaciones con las empresas propietarias de otros grandes yacimientos localizados en el campo, y no descartan formular nuevos reclamos en los próximos días.

Se trata de la mina Altar, un importante emprendimiento asentado en el mismo campo, propiedad de la empresa Peregrine, que fue absorbida por la americana Stillwater y luego ingresó la sudafricana Sibanye. Según el apoderado de CCM, el abogado Gabriel Guevara, el costo de ese cambio de manos fue por $490 millones, y en esa operación no se consignó la deuda que según ellos arrastran con el dueño de terreno por servidumbre, ocupación y daños. “Es más, firman los contratos manifestado que todo está pagado y conforme a derecho lo que carece de total veracidad”.

También en el CCM está localizada la mina Pachón, la gran promesa de la actividad minera en San Juan que viene pasando de mano en mano desde hace años y nunca llega a concretarse en un emprendimiento en marcha. Hoy pertenece al gigante suizo-británico Glencore, una de las empresas más grandes del mundo. Ocupa una franja de 5.000 hectáreas y el apoderado de CCM dijo que también debe por los mismos conceptos desde hace años.

“Esto ha producido sólo un negocio inmobiliario en donde los dueños de esas concesiones se hacen millonarios cuando logran venderlas a alguna empresa minera extranjera, que tampoco invierten. Y las tiene como activos para financiarse internacionalmente”, dijo Guevara, además accionista de CCM.

Agregó que “los titulares de las concesiones mineras tienen obligaciones con los superficiarios, dado que afectan o restringen su dominio, causando daños y perjuicios que la actividad por su naturaleza producen (voladuras, movimientos de suelos, construcción de caminos, construcción de campamentos, etc.”.

“En la actualidad –dijo- hemos llegado a la paradoja que no podemos entrar al campo porque dichas empresas lo impiden en el ingreso con guardias casi policiales en los caminos construidos por ellos. Controlan, como si fuera un peaje pero sin derecho de uso, ni aun para el dueño de las tierras. Esas empresas están en la provincia hace más de 17 años y nada han realizado, muy poca es la inversión han realizado. Perjudicando además el interés público y social, por lo que corresponde que se decrete la caducidad de la concesión”.


COMPARTIR