01/12/2020

Mirando la Hidrovía

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Opinión: Pico de tensión con Cristina y Máximo

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El Presidente dijo que la relación con su vice es perfecta. Pero el ministro De Pedro medió para apaciguarla. La cuestión judicial los enfrenta. Máximo K. también ha tomado distancia con la Casa Rosada y con Massa.

La última vez que Alberto y Cristina Fernández se vieron de modo personal fue a fines de septiembre. Después de ese diálogo hizo falta una mediación que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, cumplió por separado para diluir la tensión política que se había instalado en la cima del poder. El joven de La Cámpora habló también con su amigo, el diputado Máximo Kirchner.https://578fcbb58cc62d706967543ac7b086aa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Desde entonces el Presidente y su vice hablaron alguna vez por teléfono. Después sobrevinieron dos cartas. La de Cristina con la advertencia de que “hay funcionarios que no funcionan”. Otra de los senadores oficialistas con duras admoniciones sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En simultáneo con el esfuerzo de Martín Guzmán, el ministro de Economía, para ordenar el camino.

Alberto sobreactuó la interpretación de la epístola de Cristina. Dijo que la había sentido como un apoyo. El primer gesto, sin embargo, fue separar a la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, para reemplazarla por el intendente ultracristinista de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Sobre la manifestación de los senadores no dijo nada. Aunque después de su divulgación también decidió endurecerse ante el FMI.

El Presidente hace lo indecible para que el pico de tensión con Cristina no trepe. También, que se disimule. Nunca comulgó con la oportunidad del impuesto a la riqueza que aprobó Diputados por impulso del diputado Máximo. Pero a última hora del martes envió al Congreso a tres de sus ministros en señal de respaldo.

El conflicto en el Poder Ejecutivo agrega fuego a las brasas que tapizan la política argentina. Sería el peor ejercicio ante un panorama complicado en todos los frentes. Los contagios por el coronavirus menguan aunque siguen en niveles altos. Nuestro país está entre las seis naciones del mundo con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Enfila hacia los 37 mil. El Presidente baraja una y otra vez anuncios sobre la llegada de las vacunas. Cuya concreción aquí y afuera resulta incierta. La crisis social acecha y los recursos se agotan. Para intentar paliar el desencanto, Alberto anunció un 5% de aumento para los jubilados. Migajas. Fue su último decreto en ese campo. Vendrá la aplicación de la nueva fórmula de ajuste de haberes que astilla al Frente de Todos. Porque no contempla a la inflación dentro del cálculo.

El escenario oficial exhibe otro incordio. Es el progresivo distanciamiento que exhibe con la Casa Rosada el diputado Máximo. Sus posturas estarían virando hacia una radicalización. Acorde, dicen los insidiosos, con la admiración que profesó hace semanas por el ex dirigente sindical de izquierda, el cordobés Agustín Tosco. No quedó reflejado tanto en el impuesto a la riqueza, recurso remanido de aquellos que ocupan el poder. Sí, en la media sanción que limita a 30 y 60 años el uso de campos incendiados intencionalmente.

La oposición supone que ambas iniciativas, como tantas otras, derivarán en la Justicia. Al margen de esa discusión, tienen particularidades llamativas. El impuesto a la riqueza se titula Aporte Solidario Extraordinario. ¿Cómo se explica que el 25% de lo que se piensa recaudar ($ 300 mil millones) se destine a la energética ENARSA? Emblema de Julio De Vido. De nuevo se habla de un impuesto de excepción. La misma promesa se hizo con un tributo de 1932 (gobierno de Agustín P Justo). Llegaron luego, entre gestiones militares y civiles, otros siete. Todos permanecen.

Según un trabajo elaborado por el Banco Mundial, la Argentina figura en el puesto 189 por su carga tributaria a las empresas. Asciende ahora al 106%. Era de 136% cuando asumió Mauricio Macri. En el último puesto está el archipiélago de Comoras, en el sureste de Africa. El ranking se elabora de manera descendente: las naciones con menor carga impositiva arrancan desde el puesto uno. Otro detalle: en sólo un año el Gobierno de Alberto creó o retocó 17 nuevos tributos. Sería el respeto a una línea histórica.

Con respecto al proyecto de los campos incendiados subyace una teoría conspirativa, siempre afín al kirchnerismo. Se supone que todas las catástrofes –este año hubo muchas—obedecen a la perversión de productores, empresarios o emprendedores. Que seguramente existen. Pero hay otra infinidad de razones. Hasta de orden natural. Amén del congelamiento de esas tierras, surge otro problema: la determinación de la intencionalidad corre por cuenta del Estado. Cuya ineficiencia, incluso para prevenirlos o neutralizarlos, está a la vista.

Aquel supuesto viraje de Máximo K plantea otro dilema. El funcionamiento de la maquinaria del Frente de Todos. El diputado estableció un tándem político con Sergio Massa. Pieza importante para el equilibrio que pretende imprimirle el Presidente a su gobierno. El líder Renovador hizo apoyar con varios de sus diputados el impuesto a la riqueza. Está claro que no comulga con él.

Habría otras evidencias sobre aquel desacople. Máximo K y Massa fueron siempre negociadores conjuntos con la oposición en el Congreso. El hijo de la vicepresidenta se empezó a cortar solo. El titular de la Cámara de Diputados también. Aunque no signifique lo mismo. A este paisaje se suman otras pinceladas del pasado: la ausencia de Máximo en el homenaje que Alberto hizo a Néstor Kirchner, con motivo de la década de su fallecimiento. Su decisión de evitar el discurso de cierre cuando se aprobó en Diputados la ley de Presupuesto, que encierra el temido ajuste.

El verdadero malestar de Cristina corre por otro andarivel. No responde sólo a los “funcionarios que no funcionan”. Tampoco, tanto al ajuste. Considera que su situación judicial no mejoró lo que esperaba en este primer año de gestión frentista. Posee un apuro que no encaja con la realidad. La pandemia trastocó buena parte de los planes iniciales.

El primer balde de agua helada que se derramó sobre ella fue el pedido de prisión de 12 años para Lázaro Báez en la ruta del dinero K. Se trata del delito precedente de la causa de la obra pública cuyo juicio, con paso cansino, se sigue desarrollando. Allí figura como jefa de una asociación ilícita. El único sosiego lo tiene con Los Sauces y Hotesur (por sospechas de lavado de dinero, junto a su familia) causas que el juez Daniel Obligado se ocupa de mantener anestesiadas.

El magistrado hace malabares. Ante el reclamo de los interventores en Los Sauces y Hotesur por falta del pago de haberes, transfirió la búsqueda de una solución al Consejo de la Magistratura. En suma, serían saldados con fondos del Estado. De toda la sociedad.

No constituiría un privilegio. En septiembre, el Tribunal Oral Federal 5 dispuso que la intervención judicial que tiene a su cargo la administración de parte de las propiedades de Máximo K y su hermana Florencia, pague los impuestos adeudados del diputado. Unos cuatro millones de pesos. Adujo que carecía de fondos por aquella intervención. Ahora surge una duda. ¿Cómo hará para abonar los 6 millones que le tocarían por el impuesto a la riqueza? ¿Dispondrá de algún prestamista generoso?

La vicepresidenta tampoco oculta su inquina contra la Corte Suprema. El fallo sobre Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes pretendió desplazar de inmediato, ha sido para ella un asunto menor. Se pregunta a cada rato por qué los cinco magistrados no se pronuncian sobre los recursos que Carlos Beraldi, su abogado defensor, plantea en todas las causas de corrupción. En especial, la referida a la obra pública. La más avanzada. La Corte le pidió el expediente al TOF2 en mayo del 2019 antes de la iniciación del juicio. Allí abundan los pedidos de nulidades y peritajes. Los jueces coincidieron, hasta ahora, que no se pronunciarán hasta que el juicio en curso concluya. Lo que Cristina no quiere.

La situación de la Corte y de la Procuración General es motivo de una pulseada silenciosa entre Alberto y la vicepresidenta. La Junta Consultiva que analizó el tema hizo sugerencias no vinculantes que satisfarían a ambos. No habría modificación en el número de jueces en la Corte. Pero imagina la creación de un Tribunal Intermedio que podría ocuparse de asuntos no ligados a la constitucionalidad. Calzan las causas de corrupción.

Aquellos expertos, que comandó Beraldi, sintonizaron en cambio con el propósito kirchnerista de simplificar la designación del procurador general. No harían falta los dos tercios. Un golpe en varios sentidos. El candidato del Presidente, Daniel Rafecas, dijo que no asumiría en esas condiciones. Porque el funcionario perdería legitimidad y quedaría a tiro del poder de turno. Las diferencias en la Junta Consultiva fueron saldadas con una votación que impuso el criterio kirchnerista apenas por un voto.

La situación podría quedar en un pantano. Si Rafecas no renuncia o el Presidente no retira su pliego, el Senado estaría bloqueado para rastrear otro postulante. Salvo que prospere el juicio contra Eduardo Casal y en su lugar sea designado otro interino. Seguro, de paladar K.

En medio de ese pleito solapado, Alberto decidió reflotar la ley del aborto. Se colocó como abanderado. Hasta luciendo una corbata verde. Otra cara visible, ingrata para la vicepresidenta, fue Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica. Cristina estuvo en contra de ese proyecto aunque en épocas de Macri cambió su posición.

La primera voz de peso que se opuso ahora fue la del jefe del bloque de senadores K, el formoseño José Mayans. ¿Habló por sí mismo?. Algunos memoraron, a propósito, una frase jactanciosa que en su era sangrienta pronunció en Chile Augusto Pinochet: “En este país no se mueve ni una hoja sin que yo sepa”, afirmó.

Ese país podría ser, en este caso, el Senado.


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