13/06/2021

Presentaron un amparo ambiental contra la empresa Hidrovía por no cuidar el ambiente

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La demanda también acusa al Estado nacional de «priorizar la navegabilidad para el comercio exterior afectando el goce de un ambiente sano».

La renovación del contrato de dragado y mantenimiento de la Hidrovía(el nombre comercial de un tramo del Paraná) sigue sumando capítulos a un debate que es cada vez más amplio: mientras la alta política discute qué hacer con la concesión (prorrogada por 90 días a Jan De Nul, la firma que opera el canal troncal desde hace 25 años), un sector pide que se estatice, las provincias esperan que se federalice y numerosos grupos ambientalistas exigen que esta vez se tengan en cuentan los impactos sobre el ecosistema de las transformaciones al cauce natural del río.

A todo eso se suman acciones en el ámbito de la Justicia, como el amparo ambiental colectivo presentado la semana pasada contra el Ejecutivo nacional y contra el concesionario desde la Asociación Sindical de Empleados, Obreros, Técnicos y Profesionales de Ecología y Saneamiento Ambiental de la República Argentina (Aseotpesara), al entender que “las obras tienen la exclusiva finalidad de optimizar la navegabilidad para el comercio exterior afectando otras finalidades recreativas, turísticas y de pesca que hacen al uso y goce de un ambiente sano”.

El mantenimiento de la hidrovía es esencial para poder sacar la producción del centro y norte del país a través de los puertos ubicados sobre el río Paraná.

El mantenimiento de la hidrovía es esencial para poder sacar la producción del centro y norte del país a través de los puertos ubicados sobre el río Paraná.

En el amparo se acusa al Estado de haber omitido controles, no haber realizado estudios de impacto ambiental, no haber creado ningún programa de saneamiento y no haber hecho cumplir las herramientas centrales de las políticas ambientales, como las audiencias públicas ni los estudios de impacto ambiental.

Contaminación

En el amparo se menciona que, a entender del denunciante, existe responsabilidad civil y penal en la afectación al derecho a un ambiente sano por parte del Estado nacional y de la firma Hidrovía, al menos por tres tipos de actividades: el dragado, la navegación y el polo portuario.

En relación al dragado, se señala que “genera una importante resuspensión de sedimentos que libera contaminantes retenidos en los sedimentos dragados”. En lo relativo a la actividad naviera, el documento menciona que los buques que navegan por el rio “arrojan a su lecho el agua de sentina, aguas grises, aguas negras, solidos orgánicos e inorgánicos y residuos tóxicos, mientras se encuentran en las amarras o lo van tirando mientras se desplazan”.

El polo portuario también aparece mencionado, al subrayarse que -de acuerdo a lo que aparece en el documento- “esta actividad genera un promedio anual por puerto de entre 200 y 4.500 toneladas anuales de residuos”. A la hora de hacer un análisis más fino, denuncia que el 70% de esos residuos provienen de instalaciones, comedores, oficinas, tareas administrativas y limpieza, el 17% son residuos de mantenimiento de espacio verdes y obras y el 13% corresponde a embalajes, rezago de cargas y descargas, envases, envoltorios y chatarra.

“La actividad portuaria genera residuos peligrosos en una cantidad de alrededor de 500 a 600 toneladas anuales de los cuales el 28% son aceites minerales usados, el 8% son agua de centina (hidrocarburos, aceites y aguas mezcladas), el 18% son materiales sólidos contaminados (maderas, trapos, celulosa) y el 46% son residuos resultantes de desechos industriales”.

Impactos irreversibles

La demanda hace además un listado exhaustivo de los impactos ambientales que generan las actividades asociadas a la Hidrovía, sobre la base de la ignorancia que aún existe al respecto: “Se ignoran muchas consecuencias del impacto ambiental de las obras por la sencilla razón que se ha omitido realizar estudios que son obligatorios, de acuerdo a la legislación en vigencia”.

De igual modo, se mencionan consecuencias sobre la salud del sistema derivados del aumento de la navegación como “los continuos azotes de los buques de gran porte que circulan por el río Paraná y que con su desplazamiento generan un clima de olas que suelen arrasar con las instalaciones costeras públicas y privadas”.

Advierten que los cambios en el lecho del río afectarán a numerosas especies.

Advierten que los cambios en el lecho del río afectarán a numerosas especies.

Se menciona que el dragado y profundización del cauce implican la remoción de bancos de arena, el rasuramiento de dunas, la resuspensión de sedimentos y la rectificación de meandros “entre otras alteraciones físicas en ciertos tramos de la traza”. Modificaciones que impactarán en la fauna y flora local al “eliminar el hábitat de los primeros centímetros de sedimento donde se encuentra la mayor densidad y diversidad de especies, produciendo por consiguiente la mortandad de los organismos”.

Otro impacto es el oleaje de los buques, que “degrada las costas y las erosiona. Finalmente, el demandante recuerda que aún se ignora el desarrollo del cambio climático y sus impactos en la región, que podría limitar la disponibilidad de caudales que garanticen los 40 pies.

Pedidos ya

En el documento judicial el demandante le solicita a la Justicia que le ordene tanto al Estado Nacional como a la empresa que todavía tiene la concesión de los trabajos de dragado que “cese de manera urgente e inmediata con la lesión al derecho a un ambiente sano y limpio, al derecho humano a la salud, a la salubridad e higiene del medio ambiente”.

También se pide la realización urgente de un estudio de impacto ambiental “que sirva como base para las tareas de recomposición del bien colectivo dañado”, al tiempo que recuerda que así lo garantiza el artículo 41 de la Constitución Nacional al establecer que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.

En el amparo se recuerda que Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú, que abre la puerta a mayor información y participación ciudadana en la toma de decisiones: “la crisis climática impone mayores exigencias a la gestión pública. Hay que cambiar el modo actual de toma de decisiones abriendo más espacios de participación pública”.

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