19/06/2021

Un niño de 7 años fue acusado de violación. ¿Arrestarlo es la solución?

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The St. Regis River runs near Brasher Falls, N.Y., April 29, 2021. The arrest of a child on March 23, 2021, shook tiny Brasher Falls, a hamlet near the Canadian border, and may have restarted a push in the Legislature to change New York’s law. (Malik Rainey/The New York Times)
The St. Regis River runs near Brasher Falls, N.Y., April 29, 2021. The arrest of a child on March 23, 2021, shook tiny Brasher Falls, a hamlet near the Canadian border, and may have restarted a push in the Legislature to change New York’s law. (Malik Rainey/The New York Times) (Malik Rainey/)

Especial para Infobae de The New York Times.

Esta primavera, en el límite boscoso de la frontera canadiense, la policía estatal detuvo a una persona de la localidad de Brasher Falls, Nueva York, de unos 1000 habitantes, por el delito de violación.

El dolor de este tipo de delitos suele desgarrar a los pueblos pequeños sin que sus consecuencias trasciendan sus fronteras. Sin embargo, a raíz de la detención del 23 de marzo, las noticias sobre el arresto se propagaron más allá del poblado.

El residente acusado de violación era un niño de 7 años.

Poco se sabe sobre las circunstancias de la detención, los detalles de las acusaciones o la resolución del caso. Los expedientes de los casos en los que hay niños implicados se mantienen en privado. Pero en Nueva York, la detención reavivó el debate sobre el trato que el sistema de justicia les da a los delincuentes juveniles, niños de entre 7 y 18 años cuyos casos se ventilan en los juzgados de lo familiar.

Jueces, expertos en justicia juvenil y abogados que han llevado estos casos tanto desde la parte acusadora como de la defensora afirman que las detenciones traumatizan a los niños, los atrapan en el sistema legal y aumentan sus posibilidades de reincidir. Los niños pequeños rara vez son acusados como adultos. Pero, quienes estudian el tema afirman que arrestarlos y acusarlos no tiene en cuenta la ciencia del desarrollo del cerebro y, en un intento de buscar la justicia, a menudo consigue el resultado contrario.

“Lo que sabemos ahora es que la ciencia no respalda el enjuiciamiento de niños de segundo grado de primaria”, explica Dawne Mitchell, que dirige la práctica de derechos juveniles de la Sociedad de Ayuda Jurídica. Citando la ciencia cognitiva que demuestra que los niños de tan corta edad carecen de una verdadera conciencia de las consecuencias de sus actos, y que hace hincapié en el trauma psicológico que supone ser esposado y procesado, Mitchell es una de los cada vez más numerosos expertos de todo el país que instan a los estados a elevar sus edades mínimas.

El incidente en Brasher Falls de noviembre y un video de la policía en el que esposa y arroja gas lacrimógeno a una niña de 8 años en Rochester en la parte trasera de una patrulla en enero han renovado la atención en un proyecto de ley que sigue abriéndose paso en la legislatura de Nueva York. El proyecto de ley elevaría la edad mínima a la que se puede acusar a un niño como delincuente juvenil en el juzgado de lo familiar de 7 a 12 años (excepto en el caso de los delitos de homicidio) y desviaría los casos de niños más pequeños a los servicios sociales y de otro tipo.

El impulso sigue a un movimiento similar para elevar la edad en la que las personas pueden ser responsables penalmente como adultos. En 2019, el estado de Nueva York completó un cambio gradual que elevó la edad en la que los adolescentes pueden ser acusados como adultos por delitos menores y la mayoría de los delitos graves de 16 a 18 años.

El intento de elevar lo que se conoce como la edad de la delincuencia ha avanzado con mayor lentitud.

A pesar del aparente amplio consenso —que incluye un llamamiento en 2018 de las Naciones Unidas para que los países eleven la edad mínima de responsabilidad penal a los 14 años— ha habido poca tracción legislativa. Eso se debe en parte a que hay relativamente pocos casos penales presentados contra niños pequeños, comentó N. Nick Perry, un asambleísta del estado de Nueva York por Brooklyn que es coautor de legislación que se presentó por primera vez en 2018.

“No hay muchos menores de 7 años que sean arrestados en algún cargo criminal atroz”, dijo Perry, quien espera que la ley se apruebe en esta sesión legislativa. “Si algo atroz no llama la atención sobre la necesidad de actualizar o cambiar la ley, se quedará como está, por muy impropia que sea”.

Sin embargo, otros estados comenzaron a reformar sus leyes: en 2018, Massachusetts aumentó la edad mínima de 7 a 12 años. California y Utah también establecieron los 12 años como la edad mínima. Hace poco, Misisipi promulgó una ley que eleva de 10 a 12 años la edad a la que los niños pueden ser internados en centros correccionales para menores. En más de media docena de estados se está estudiando una legislación similar.

A pesar de ello, más de la mitad de los estados estadounidenses no tienen una edad mínima establecida. De los que la tienen, solo Carolina del Norte, con 6 años, tiene una edad mínima menor que Nueva York.

La propuesta de Nueva York de dirigir a los niños menores de 12 años acusados de delitos graves a las agencias de servicios sociales codificaría en cierto modo lo que, según los expertos, ya ocurre a menudo.

Por ejemplo, en 2019, en todo el estado de Nueva York, de los cientos de niños de 12 años o menos que fueron arrestados, solo 121 casos pasaron por los procedimientos del Juzgado de lo Familiar, según los registros obtenidos por el Fondo de Defensa de los Niños-Nueva York, la oficina de Nueva York del grupo nacional de defensa de la política.

Las detenciones de menores también suelen llevarse a cabo de manera desigual en virtud de la raza: en 2019, más del 90 por ciento de los niños de 7 a 11 años arrestados en la ciudad de Nueva York eran negros o hispanos, según los datos proporcionados por Legal Aid, aunque esos grupos representan solo el 57 por ciento de la población infantil de la ciudad.

Según los expertos, los niños blancos tienen más probabilidades de ser enviados a terapeutas o entregados a sus padres por el mismo comportamiento por el que son arrestados los niños negros, un patrón que se refleja en todo el país.

Parece que hay poca, o ninguna, oposición organizada al aumento de la edad para delinquir. Pero los que se resisten dicen que hacerlo supondría un obstáculo para el sistema judicial, según Jeffrey A. Butts, director del Centro de Investigación y Evaluación del John Jay College of Criminal Justice. En casos excepcionales en los que se trate de un niño en particular peligroso, dijo, el encarcelamiento puede evitar que sea un riesgo para los demás.

“Siempre habrá estos casos en los que solo se carece de los recursos adecuados”, afirmó Butts. “Cualquier línea roja establecida por la ley es un compromiso que en esencia reconoce que no tenemos un sistema jurídico capaz de tomar decisiones complejas”.

En Massachusetts, en los tres años transcurridos desde la entrada en vigor de la nueva ley, no se ha producido un aumento de la actividad delictiva de los menores, según Sana Fadel, subdirectora de Citizens for Juvenile Justice, incluso cuando el número de casos del sistema de tribunales de menores se ha reducido en un 40 por ciento. Más bien, los niños son tratados a través de programas de apoyo que se centran en la prestación de servicios sociales, dijo.

“Probablemente el sistema jurídico esté atrasado unos cien años, porque la prueba habitual es: ‘¿Entiendes que esto está bien y esto está mal?’”, dijo Jane Tewksbury, quien trabajó en Massachusetts como fiscal y más tarde fue comisionada del departamento de servicios juveniles del estado. “Un niño de 4 años podría decir eso, pero eso no significa que si apuñala a alguien con un lápiz en verdad sepa lo que está pasando”.

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