13/06/2021

ADN del crimen: un túnel lleva de la cantina del penal de Ezeiza hacia el Chapo

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Dos condenados por enviar más de 2000 kilos de cocaína al cartel de Sinaloa, comandado por Joaquín “Chapo” Guzmán, tenían a su cargo la empresa que, en una contratación presuntamente irregular, se adjudicó la concesión de la proveeduría de alimentos que funciona en la cárcel más grande la Argentina.

Matías Faubel y Maximiliano Larre, figuran en la nómina de la firma que desde 2017, se hizo cargo del manejo de la denominada cantina, en la que compran la comida la mayoría de los dos mil presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

En el caso de Faubel, como integrante de la SRL que se adjudicó la concesión, comandaba la empresa mientras estaba detenido en el penal, donde cumplía una condena de nueve años de prisión que le impuso el Tribunal Oral Penal Económico N° 1.

Durante el juicio oral se concluyó que Faubel y Larre, junto con el mexicano César Cornejo Miranda, alias “Cha” o “Chacito”, integraban una organización criminal internacional que traficaba droga a tierras aztecas a la que se le secuestró un cargamento de 2360 kilos de cocaína líquida oculto en transformadores eléctricos trifásicos.

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Dicho cargamento había sido descubierto el 28 de abril de 2014 en el puerto de Progreso, de Mérida, en el estado de Yucatán, en México. La cocaína había sido diluida en aceite para transformadores trifásicos de 2000 kilovatios, que fueron cargados en la terminal de Dock Sud, dentro del contenedor ZCSU 4021953, en el barco Michaela. Dicho contenedor con los transformadores pasó por todos los controles administrativos y de seguridad de la Aduana de la Argentina y de México.

Faubel fue detenido poco antes del hallazgo del cargamento en México, durante un operativo realizado por la Gendarmería que incluyó las capturas de Larre y Cornejo Miranda.

El control de la proveduría del penal de Ezeiza estuvo a cargo de un preso

El control de la proveduría del penal de Ezeiza estuvo a cargo de un preso

La investigación que terminó con el secuestro del cargamento de cocaína y las detenciones de Faubel y sus socios se inició dos años antes, cuando la Justicia federal de San Isidro comenzó a seguir la pista de un comisario, una cabo y un sargento de la Policía Federal que “se encontraban en tratativas para dar apoyo y protección en un presunto transporte de estupefacientes organizado por ciudadanos colombianos vinculados al cartel del Chapo Guzmán”.

La cocina de la banda

Según los documentos a los que tuvo acceso LA NACION, Faubel y sus cómplices, entre los que figuran varios efectivos de la Policía Federal que fueron exonerados, aparecieron en el listado de integrantes de la SRL que, mediante una contratación realizada entre el Servicio Penitenciario Federal, por fuera de las normas impuestas para una licitación pública, se adjudicó la concesión de la proveeduría de la cárcel de Ezeiza.

En la página 43 del expediente que se instruyó en el juzgado federal N° 1, de San Isidro, figura un informe de la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE en el que se indicaba que “durante la investigación de la denominada causa efedrina se procedió al secuestro de metanfetaminas en un galpón de General Rodríguez. Que había sido alquilado por un grupo empresario mexicano, cliente de una SRL que pertenece al investigado Matías Faubel”.

Cuando los responsables del Servicio Penitenciario Federal y de la dirección de la cárcel de Ezeiza beneficiaron a la SRL de Faubel con la concesión de la proveduría de alimentos a los dos mil presos alojados en el penal, no advirtieron que dos de los integrantes del directorio de la empresa estaban detenidos en dicha cárcel.

Esta circunstancia le permitía a Faubel acceder a beneficios inalcanzables para el resto de la población del penal. En tanto que tres de los efectivos de la Policía Federal exonerados por colaborar con la banda narco que integraba Faubel, también figuraban en la nómina de la empresa concesionaria, circunstancia que les permitía entrar y salir con total tranquilidad de la cárcel. Estos tres policías exonerados no estaban detenidos y nadie controlaba sus automóviles por el solo hecho de trabajar en la proveeduría.

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En la proveduría, los dos mil presos alojados en el penal de Ezeiza pueden comprar desde cigarrillos y golosinas, lácteos, productos de librería, tarjetas telefónicas, sandwichs y comidas calientes, debido a que tienen cocina.

La gran mayoría de los presos recurren a los productos de la cantina debido a la mala calidad de las raciones que reciben.

Según consta en la investigación realizada por la Dirección de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la empresa que tenía anteriormente la concesión de la cantina denunció que la dirección del SPF le quitó de forma irregular la posibilidad de seguir trabajando en la proveduría.

En la denuncia dos guardiacárceles, hermanos, de apellido Domingo, indicaron que les quitaron la concesión de la proveduría de la cárcel de Ezeiza. En el sumario que instruyeron los funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos se estableció que se impidió que la empresa de los hermanos guardiacárceles siguiera al frente de la cantina diez días antes de la convocatoria a licitación. También se determinó que la elección de la nueva empresa para explotar la proveduría se realizó sin realizar un concurso de antecedentes.

En la puerta de la cantina del penal de Ezeiza figura el mensaje claro: "No se fía"

En la puerta de la cantina del penal de Ezeiza figura el mensaje claro: «No se fía»

Esta irregularidad posibilitó que se pasara por alto, por ejemplo, una revisión de los integrantes de la nómina accionaria de la SRL, entre los que figuraban presos, condenados, alojados en la cárcel de Ezeiza, como los mencionados Faubel y Larre.

A pesar de la gravedad de la denuncia, el subdirector del SPF, Sabino Guaymás. decidió archivar el sumario.

La conexión con el Chapo Guzmán

Durante la investigación que terminó con las condenas al empresario Faubel y el secuestro de los 2360 kilos de cocaína, se determinó que “el envío del cargamento de droga fue organizado por un grupo de ciudadanos mexicanos vinculados con el cartel de Joaquín Chapo Guzmán, en complicidad con un empresario argentino, identificado al principio de la pesquisa como ‘Matute’. Después se determinó que, en realidad, ‘Matute’ era el alias de Matías Faubel, quien usaría el domicilio de la Cooperativa Cueroflex, situada en Munro para desarrollar distintas actividades ilegales”.

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La mencionada empresa de Munro constituyó el nexo con los acusados mexicanos, debido a que compró los transformadores que fueron secuestrados en el estado de Yucatán con los 2360 kilos de cocaína diluida en aceite. Esta firma que pertenecía a Faubel presentaba una fachada legal, como la exportación de cinturones y hebillas a México.

De mochila roja, Arroyo Salgado en una inspección

Una inspección judicial en el lugar donde fueron acondicionados los transformadores para ser utilizados para ocultar 2360 kilos de cocaína (Gendarmería/)

La Justicia consideró que el secuestro del cargamento de 2360 kilos de cocaína no constituyó un hecho aislado, “al contrario, se inscribe en una operatoria que se presume sostenida en el tiempo. Por lo menos, desde junio de 2012, fecha en la que se acreditó la compra de algunos de los transformadores, secuestrados en nuestro país y en México”.

Este detalle remarcado en la resolución en la que se dictó procesamiento de la Faubel y de sus cómplices, en 2014, describió un viejo axioma de las grandes bandas de narcotraficantes que indica que ninguna nueva ruta comienza con un cargamento de dos mil kilos de cocaína, sino que anteriormente los traficantes probaron la seguridad de dicho camino con remesas más pequeñas.

La seguridad de un cargamento de drogas depende de la solidez de la estructura logística de la organización criminal. Y en ese aspecto, los grupos no dejan librado al azar el movimiento de más de dos toneladas de cocaína.

En la misma resolución se indicó que durante una etapa de la investigación se descubrió que los traficantes desconfiaron de la protección que les podrían aportar los tres efectivos de la Policía Federal. Así que la banda encabezada por Faubel y sus socios mexicanos decidió seguir adelante con la operación sin la ayuda de los policías federales.

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No obstante, el comisario, el sargento y la suboficial de la PFA fueron procesados y detenidos en un expediente aparte.

Se determinó durante la investigación, además, que el grupo encabezado por Faubel alquiló un galpón situado en Viale 101, de Haedo, para acondicionar los transformadores para poder ocultar el cargamento de cocaína.

“Se alteraron los circuitos internos y dispositivos exteriores que permitieron el manejo del nivel de sustancia contenida en el tanque expansor, a través de un tapón, que estaba adulterado. Anularon las conexiones existentes en el cuerpo principal del transformador y los radiadores externos”, indicaron los jueces del Tribunal Oral Penal Económico que condenaron a Faubel.

Cornejo Miranda, el nexo con el cartel de Sinaloa, que poseía conocimientos de ingeniería industrial se encargó de realizar las modificaciones necesarias en los transformadores trifásicos para poder ocultar la cocaína líquida en los depósitos de aceite, sin que esos cambios llamaran la atención de los inspectores de la Aduana argentina.

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