26/07/2021

De Adam Smith y David Hume a la actualidad: por qué los economistas deberían volver a las bases

vilma ibarra alberto fernandez
Alberto Fernández firma el DNU que modifica la ley de vacunas ante la mirada de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Reuters (AGUSTIN MARCARIAN/)

Hace ya más de un año que las instituciones democráticas en Argentina actúan de manera disfuncional. La pandemia ha desatado un estado de emergencia continuo, y no parece haber una fecha límite de vuelta a la normalidad. El Poder Ejecutivo implementa constantemente restricciones mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que difícilmente superen un control de constitucionalidad, mientras que los Poderes Legislativo y Judicial parecieran desligarse de responsabilidades. Ante esto, el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para proveerle de un marco presuntamente legal a sus actos autocráticos. Por el momento, el proyecto ha quedado en la nada, y el gobierno volvió a recurrir a los DNUs, como en el caso de la última medida de restricción a los vuelos internacionales.

Este entramado de operaciones políticas e institucionales es naturalmente encasillado dentro de lo que concierne a las ciencias políticas. Sin embargo, las ciencias sociales en general, y la economía en particular, también pueden proveer de un valioso punto de vista para la reflexión y el análisis de estos asuntos. De hecho, las mismas raíces de la materia hoy llamada economía, que se remontan a los tiempos de Adam Smith y David Hume, exhibían un entrelazamiento de la política y la economía, por lo cual la disciplina que los autores clásicos practicaban se denominaba generalmente Economía Política.

Hoy en día el estudio del funcionamiento de las instituciones no es una práctica habitual en las labores de un economista. En la actualidad, los economistas abocan más su trabajo al desarrollo de modelos de proyección de variables con la ayuda de herramientas como la matemática y la stadística. Si estos emprendimientos demandan o no demasiado tiempo y esfuerzo de los economistas en comparación con su utilidad es una pregunta abierta, pero lo que no puede negarse es que poco tienen que ver con aquellos inicios de la Economía Política.

Economía Política Constitucional

Senado Bicameral DNU
Una sesión del Senado considerando uno de los DNU emitidos durante la pandemia
Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado.  (CHARLY DIAZ AZCUE/)

¿Por qué sería importante volver a las bases de estudio de la Economía Política? Porque las diferentes instituciones, normas y reglas de juego que coordinan las acciones de los individuos son cruciales en la determinación de los resultados finales a obtener. James M. Buchanan, uno de los principales autores dentro de la Teoría de la Elección Pública (Public Choice Theory) o lo que él denominaba Economía Política Constitucional, afirmaba que “los mismos individuos, con las mismas motivaciones y capacidades, interactuarán para generar resultados agregados bastante diferentes bajo distintos conjuntos de reglas.” Con esto hacía referencia a que cambios en las instituciones y reglas de juego son más importantes que cambios en los jugadores dentro de una sociedad.

Los mismos individuos, con las mismas motivaciones y capacidades, interactuarán para generar resultados agregados bastante diferentes bajo distintos conjuntos de reglas (James Buchanan)

Un ejemplo práctico sería la diferencia de funcionamiento de los mismos individuos dentro de distintos deportes. Es sencillo pensar que once personas no se comportarán de la misma manera si utilizan las reglas de juego del fútbol dentro de una cancha que si utilizan las reglas de juego del básquetbol. Los individuos en cuestión son los mismos, sin embargo se desenvuelven de manera muy distinta ante un cambio de reglas de juego.

Si es cierto que las instituciones y reglas de juego de una sociedad influyen en los resultados, de ello se desprende entonces que hay ciertas organizaciones institucionales que son “mejores” que otras, y que el estudio y análisis comparativo de estas debería ser objeto de mayor atención. A su vez, sin un adecuado entendimiento de cómo los individuos interactúan dentro e las diferentes organizaciones institucionales, es imposible identificar los cambios requeridos en las instituciones y reglas existentes.

En democracia

Alberto Fernandez y Martin Guzman en Chapadmalal
El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una charla en Chapadmalal

Sin embargo, en este punto es necesario realizar una advertencia fundamental. Los economistas, politólogos e interesados en el estudio de las instituciones no deben concebirse ellos mismos como si le ofrecieran consejos a un déspota benévolo que toma decisiones de manera autocrática. Argentina es una república democrática. Todos los integrantes del país forman parte del proceso decisorio de las reglas e instituciones que a ellos aplican. Como bien referenció Buchanan en su discurso cuando recibió el premio Nobel de economía, “La tarea del economista político constitucional es ayudar a las personas, como ciudadanos que en última instancia controlan su propio orden social, en su continua búsqueda de aquellas instituciones políticas que mejor sirvan sus propósitos, cualquiera que estos sean.”

Los economistas son simplemente un ciudadano como cualquier otro, expresándose libremente en un intento de persuadir a sus conciudadanos del poder de las ideas y de cómo estas pueden promover el bien común.

Los economistas deberían considerar volver a las bases de la economía, más aún en estos tiempos tan turbulentos en lo que refiere al funcionamiento de las instituciones

En conclusión, lo que se quiere es resaltar dos mensajes principales. A los colegas economistas: consideren volver a las bases de la economía, más aún en estos tiempos tan turbulentos en lo que refiere al funcionamiento de las instituciones en el país. A la sociedad en general: concentren esfuerzos en demandar reglas institucionales correspondientes con la república democrática en la que habitan, ya que cambios en las identidades de quienes ocupan cargos públicos probablemente no alteren de manera significativa el bienestar general.

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