26/10/2021

La Justicia retoma la vista de extradición de guardaespaldas de Chávez a EEUU

Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y tesorera de la República, se defiende de las acusaciones de blanqueo y enriquecimiento injusto contra ella y su marido, Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, en una imagen de archivo. EFE/Javier Lizon
Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y tesorera de la República, se defiende de las acusaciones de blanqueo y enriquecimiento injusto contra ella y su marido, Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, en una imagen de archivo. EFE/Javier Lizon
(Javier Lizon Javier Lizon/)

Madrid, 3 oct (EFE).- La Audiencia Nacional española ha señalado para este martes la vista en la que estudiará la extradición a Estados Unidos de Adrián Velásquez, que fue guardaespaldas del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, por supuesto blanqueo de capitales, después de que fuese aplazada hace unas semanas.
La sección segunda de lo penal tenía previsto abordar este asunto el pasado 12 de septiembre, si bien el tribunal accedió a la petición de la nueva defensa del reclamado, que alegó que necesitaba tiempo para estudiar el procedimiento, y aplazó la vista, que finalmente se celebrará este martes.
En ella la Fiscalía se posicionará a favor de la petición de Estados Unidos, que reclama a Velásquez como presunto autor de un delito de asociación delictiva para cometer lavado de dinero, equivalente en España al blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización.
Velásquez fue detenido en diciembre de 2020 en España junto con su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela y enfermera de Chávez, y que también está reclamada por Estados Unidos, si bien su procedimiento es independiente al de su pareja.
Ambos se enfrentaron hace años a otro proceso distinto de extradición a Venezuela, aunque la Audiencia acabó rechazando su entrega al considerar que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad.
La Fiscalía argumenta en el escrito donde apoya la entrega de Velásquez que se cumplen requisitos como no existir motivación política tras la reclamación o no estar el delito prescrito, además de que los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no son investigados en España, donde también existen pesquisas sobre supuestas tramas de lavado de dinero relacionadas con la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa.
El fiscal reproduce el relato de hechos aportado por las autoridades estadounidenses, que reclaman al matrimonio por su presunta vinculación con una «estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano» desde 2008 hasta 2017.
Según la Justicia estadounidense, Raúl Gorrín, dueño del canal venezolano Globovisión, «ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales (…) a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».
Así, sospecha que pagó presuntamente millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz, y a Velásquez, en beneficio de ella.
Para ocultar los pagos Gorrín utilizó cuentas de empresas ficticias, siempre según el relato de la acusación que consta en la documentación enviada por Estados Unidos, que afirma que entre 2011 y 2013 ordenó pagos «de por lo menos 65 millones de dólares», y que «también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos (…)».
El empresario, residente en Venezuela y al que la Justicia estadounidense considera prófugo, fue acusado en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero».
Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue condenado a 10 años de prisión y, como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados «a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país».

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