23/10/2021

Denuncian que el Gobierno “no concreta un plan y lanza otro”

Al comenzar la gestión del Frente de Todos, el gobierno nacional aseguró que urbanizaría 400 barrios populares y asentamientos por año, pero según mostró un nuevo informe de La Cornisa, por LN+, en los últimos dos años no se registró ni un solo barrio urbanizado. Ahora, el oficialismo repartirá 5.000 millones de pesos para “urbanizar” las piezas de los barrios populares, pero denuncian que el Gobierno “no concreta un plan y lanza otro”.

Según detalló el informe de La Cornisa, a finales del 2020, el exjefe de gabinete Santiago Cafiero presentó el Proyecto de Obras Tempranas –POT- junto con el saliente ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El dinero para comenzar a urbanizar 44 asentamientos del conurbano bonaerense se financia por medio del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se compone con el 15% del Aporte Solidario Extraordinario a las grandes fortunas y el 9% del impuesto PAIS.

El 19 de julio pasado, el programa conducido por Luis Majul mostró la situación de dos barrios que, según los funcionarios, se habían terminado las obras pero los vecinos denunciaban falta de agua, veredas abandonadas e imposibilidad de acceso a los servicios públicos básicos.

Con la llegada de Juan Manzur a la jefatura de gabinete, es un éxito ya que se preinscribieron más de 55 mil mujeres que participarán de un sorteo que se realizará a mediados de octubre. Estiman que el dinero llegará a los beneficiarios en los primeros días de noviembre, previo a las elecciones generales del 14 de ese mes.

La mitad de los preinscriptos accederán a una nueva asignación única que se utilizará para “la ampliación o el mejoramiento de viviendas de mujeres de barrios populares que otorga entre 100 y 240 mil pesos para realizar reparaciones en el techo, paredes, piso, aberturas división de interiores, refacciones menores de plomería o electricidad”.

La iniciativa está orientada a mujeres, mayores de 18 años, argentinas o con residencia permanente y residentes en barrios populares del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar. No quedan excluidas las mujeres que reciben planes sociales. Para los denunciantes, nadie sabe cómo se controlarán esos fondos públicos.

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