23/10/2021

Fútbol en pandemia: controlan con drones si se cumple el aforo del 50 por ciento en los estadios

El regreso del público en los partidos de fútbol, después de las restricciones por la pandemia de coronavirus, suma nuevos capítulos en la Justicia. Ahora, el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño controla con drones la cantidad de público que asiste a los estadios para determinar si se cumple el aforo del 50 por ciento de espectadores.

La fiscal Celsa Ramírez, funcionaria a cargo de funcionaria a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEM), investiga si el fin de semana se violó el aforo del 50 por ciento en los partidos que se jugaron en el estadio de Boca Juniors y de River Plate.

“Es un sistema efectivo [la utilización de drones] que nos permite tener un mayor control en monitoreos a gran escala. Ya lo venimos utilizando para otras investigaciones como geolocalización de búnkeres de droga en barrios de difícil acceso. Y queremos sumarle inteligencia artificial para poder hacer proyecciones de manera automática”, sostuvo el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques.

Tribunas del Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, partido Argentina vs Uruguay, Eliminatorias Qatar 2022 (Alfieri Mauro/)

Anteayer, en el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors le ganó a Lanús 4 a 2. Fue el primer partido con púbico desde marzo de 2020. Ayer, por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el seleccionado nacional de fútbol le ganó a su par de Uruguay 3 a 0.

La fiscal Ramírez investiga si se violó el artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien viole “las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Controlan con drones si se cumple el 50 por ciento de aforo de espectadores

Controlan con drones si se cumple el 50 por ciento de aforo de espectadores (Ministerio Público porteño/)

También se investiga si se violó el artículo 239 del Código Penal, que tiene prevista una pena de entre quince días y un año de prisión para la persona que “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.

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