23/05/2022

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Un proyecto fuera de las posibilidades argentinas

Un grupo de legisladores del kirchnerismo presentó un proyecto para establecer un salario básico universal, que alcanzaría a desocupadas y a desocupados, a trabajadores informales y a monotributistas de la primera categoría, entre otros beneficiarios.

No está claro si esta ayuda del Estado se superpondrá a otros programas vigentes o si los reemplazará, en especial, los dedicados a promover la capacitación de desempleados o los que exigen una contraprestación temporaria del beneficiario.

Una cuestión básica a resolver para que esta iniciativa carezca de lógica es cuánto gasto deberá afrontar el Estado nacional para poner en marcha una ayuda que podría alcanzar a un tercio de los habitantes, unos 15 millones de personas.

El salario básico universal es un concepto moderno que surge cuando los miembros de una nación alcanzan determinado grado de bienestar y consideran adecuado un mejor reparto de los bienes que genera la economía del país. Este no es el caso de Argentina.

Los países del norte de Europa, que ocupan los primeros lugares en cuanto a los estándares de desarrollo humano, organización social y de equilibrio entre el rol del Estado y la actividad privada, han debatido este tema, pero no decidieron llevarlo a la práctica.

El salario básico universal puede ser planteado como un objetivo deseable a alcanzar por la humanidad, pero todavía no se aplica en ningún país, ni en los más desarrollados económicamente.

Además de ese debate, debe considerarse el aspecto moral del proyecto, si el ingreso que recibe una persona va a desalentar la búsqueda de su propio sustento a partir de sus capacidades.

En la Argentina, resulta evidente que en numerosos casos la preferencia por la protección de un plan social está por encima de la decisión individual de lograr un salario basado en el mandato histórico de la humanidad, es decir, en el esfuerzo personal.

La propuesta del kirchnerismo, que reconoce que no la consultó con el ministro de Economía, Martín Guzmán, pese a integrar la alianza que conduce el Gobierno, apunta más a debilitar las cuentas oficiales que a generar una solución viable.

Guzmán fue el artífice del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una reducción paulatina del déficit sobre la base de un recorte en los gastos, de modo principal en los subsidios que se otorgan a las familias y a las empresas por el consumo de electricidad y de gas natural.

El kirchnerismo votó en contra de ese acuerdo en ambas Cámaras del Congreso e intenta ahora imponer un programa de erogaciones que obligaría a la Argentina a declarar el default con el FMI.

Ese sector político imagina que una vez caído el acuerdo, el Gobierno podría realizar un mayor gasto social y revertir así la pérdida de confianza de sectores sociales que lo apoyaron en 2019. El plan apunta a ganar las elecciones en 2023.

“Para seguir creciendo, es importante tener racionalidad”, sostuvo el ministro en una clara advertencia a un proyecto irracional para la situación económica y fiscal que atraviesa el país.

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