25/05/2022

Mirando la Hidrovía

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¿Tomamos el narcotráfico en serio?

El pasado 12 de este mes, asistí al Encuentro Nacional de la Justicia Federal realizado en la ciudad de Rosario, donde los miembros de Asociación de Jueces Federales República Argentina (Ajufe) y demás integrantes de las justicias federal y local debatiríamos sobre “El juzgamiento del narcotráfico”.

La reunión tenía por objeto analizar la situación del narcotráfico en la Argentina en general y en la ciudad de Rosario en particular y, luego de un diagnóstico, postular las líneas y medidas que se consideren necesarias y pertinentes para la lucha contra ese flagelo.

Debe resaltarse que en dicho encuentro estuvieron la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno; el procurador General de la Nación; jueces de cámara, de tribunales orales y de primera instancia de todo el país; senadores y diputados de la Nación; el gobernador e intendente de la ciudad de Rosario, y autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros, lo que da cabal muestra de la importancia que la lucha contra el narcotráfico tiene para el Poder Judicial.

En dicha reunión, no sólo se daba apoyo a las justicias federal y provincial de Santa Fe en el cometido que les es propio, sino que constituía un objetivo generar las acciones multidisciplinarias por adoptar para el combate que se propone.

No fue sólo una foto, sino considerar la asunción de un verdadero compromiso hacia el futuro.

Decíamos que el análisis es multidisciplinario porque hay cuestiones que escapan a la Justicia, porque son anteriores al juzgamiento y que deben ser brindadas por otro poder, como lo es la prevención del delito y la creación de fuerzas especiales capacitadas y con tecnología adecuada para el cumplimento cabal de sus fines.

Además, hay tareas posteriores al juzgamiento, que también dependen de otro poder, como es la construcción de cárceles federales, preparadas para internos de máxima peligrosidad, que tengan barreras que imposibiliten y controlen en forma eficaz que desde los establecimientos penitenciarios no se pueda continuar dirigiendo las organizaciones criminales.

El diagnóstico también abarca al Poder Judicial en su problemática, el cual requiere de un esfuerzo de sí mismo y también de decisiones concretas y puntuales que deben adoptar el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Nos referimos a la confección de un mapa judicial que brinde las respuestas adecuadas a las necesidades de la lucha contra el delito, la cobertura de aproximadamente el 40% del Poder Judicial Federal que se encuentra vacante, el trabajo coordinado con las organizaciones sociales con presencia barrial y garantizar las condiciones necesarias de inclusión social para que los más vulnerables no sean objeto de reclutamiento por parte de estas organizaciones criminales.

En esta lucha, los poderes judiciales federales y provinciales están unidos y comprometidos. Sin embargo, a tal fin es necesario atacar el corazón de estas organizaciones criminales, que es el sostenimiento económico y financiero. El poder económico que tienen puede corromper transversalmente toda la sociedad, por lo cual debe instarse al Poder Legislativo la adopción de una ley que permita la extinción del dominio de los bienes producto de la actividad ilícita y, también, una legislación que permita el congelamiento de sus activos económicos y financieros.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, bien remarcó que en la lucha contra el narcotráfico no se puede estar a mitad de camino ni dubitativo, sino adoptar una posición franca y clara para enfrentarlo.

Importante consideración efectuó también el señor ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, al postular la creación de agencias para enfrentar el problema. Al exponer su propuesta, planteó que estas agencias debían integrarse con miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Afip, de Migraciones, con policías especializados, etcétera. Así efectuarían su trabajo sin estar dependiendo de los cambios políticos, institucionales ni electorales.

Fue muy enriquecedor escuchar las palabras de los colegas que expusieron sobre la situación de sus respectivas jurisdicciones, todos conmovidos todavía por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en su luna de miel en Colombia, que mereció un minuto de silencio en su memoria y en rechazo a semejante crimen. Ello también tiene que ser un llamado de atención para garantizar la seguridad y custodia de los jueces, fiscales, demás actores y sus familias, que participan en la prevención y en el juzgamiento del ilícito, para que puedan desempeñarse con libertad y sin coacciones de ningún tipo.

Me resultó particularmente dolorosa la expresión del rector de la Universidad Nacional de Rosario cuando expuso que, en estas condiciones, no se puede vivir más. En lo que va del año, Rosario ha padecido más de 110 asesinatos. Pero, no nos confundamos, este flagelo no es exclusivo de Rosario. En las provincias del norte y en algunas otras áreas de nuestro territorio nacional, el crecimiento del narcotráfico merece la adopción de medidas urgentes conjuntas y coordinadas de los tres poderes del Estado y de los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. Sólo así, bajo estas condiciones, podremos responder al interrogante planteado en el título.

* Juez de Cámara Federal de Córdoba, vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina

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