01/07/2022

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La Justicia de San Francisco ordenó que desalojen al represor Jorge Balla

La Justicia de San Francisco dio lugar a la demanda de desalojo presentada por Alberto Esper, el locador de un departamento que le fue alquilado en 2021 a Viviana Guadalupe Bourquín, la esposa de Jorge Balla, represor condenado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

El ex militar arribó a esta ciudad a principios de mayo del año pasado para cumplir su condena perpetua, aunque domiciliaria. Este beneficio le fue otorgado en 2017. Para ello adujo previamente cuestiones de salud y así evitó ir a una cárcel común.

En el fallo además se exige restituirle a su propietario, en el término de diez días, el inmueble ubicado calle Belgrano 2274 (2° Piso, Letra “A”, del Edificio Esper II).

Cabe recordar que Balla arribó a San Francisco por decisión del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe, en una sentencia firmada el 4 de abril de ese año, ante una serie de incidentes con sus vecinos en esa ciudad donde vivía.

Su arribo no pasó desapercibido e inmediatamente gran parte de la comunidad y las organizaciones de Derechos Humanos lo repudiaron. Incluso, el Concejo Deliberante lo consideró “persona no grata”.

Qué dice el fallo

Según remarca el fallo del juez Pedro Chialvo que integra el Juzgado Civil y Comercial de San Francisco, para Esper –propietario del departamento- la presencia del represor en ese inmueble le era “totalmente desconocida”. Asimismo remarcó que al momento de celebrar el contrato “Bourquín ocultó maliciosamente el verdadero destino que le iba a dar a la vivienda”.

La sentencia agrega que el locador, de haber conocido el verdadero destino del inmueble, no hubiera celebrado el acto jurídico.

“Su engaño o dolo fue determinante para la concreción del contrato, lo que evidencia la mala fe de la demandada al momento de celebrar el contrato, viciando por dolo su eficacia”, se sostiene.

Lo que se incumplió en este caso fue la Cláusula Quinta en virtud de haber alterado el destino para lo cual fue dado en locación que es el de “vivienda familiar”, dado que el inmueble está siendo utilizado para la ejecución de una pena privativa de la libertad, bajo el régimen de la prisión domiciliaria.

Además, el locador había agregado que esta situación le ocasionó un grave perjuicio frente a los demás inquilinos del edificio de su propiedad, ya que dijo, le manifestaron “insistentemente” su preocupación e inseguridad por la presencia de Balla en el lugar.

Chialvo precisó que uno de los motivos invocados para el desalojo fue que se afectó la libertad del locador de elegir entre alquilar o no el inmueble, y en su caso a quién alquilar su propiedad y establecer también su destino.

Desde la defensa del represor, en tanto, se ampararon en el “bien de familia” como un derecho, aunque eso no prosperó.

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