04/07/2022

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Córdoba: tras el escándalo con la pistola robada y recuperada, llegó la “purga” a la comisaría

Luego de que la Justicia imputara a seis policías por supuestamente robarse un arma de fuego de la comisaría de Morteros y ocultar el hecho, llegó el esperable mensaje de las máximas autoridades de la fuerza: el descabezamiento de las principales autoridades de esa dependencia.

La “purga” fue avalada por la jefa de la Policía, Liliana Zárate.

Como se indicó en la edición del jueves en La Voz, la media docena de uniformados quedó acusada por la fiscalía de Morteros de haberse robado una pistola Browning calibre 6.35 milímetros que había sido secuestrada a la delincuencia.

Hay dos detalles que agravan el caso: primero, el arma estaba bajo custodia en la dependencia. Segundo, la pistola fue a parar otra vez a manos de la delincuencia.

Entre los puntos que se intentan aclarar está saber si el arma, tras ser sacada de la comisaría, fue vendida o alquilada a los delincuentes.

No hay certezas. Tampoco está claro si fue un hecho aislado.

Los seis policías acusados eran parte de la brigada de investigaciones de esa dependencia ahora bajo la lupa. No están detenidos.

Sin embargo, han quedado en situación pasiva.

En las últimas horas, por decisión de la superioridad de la fuerza, el subcomisario Lucas Gaspar Bazán fue ubicado como nuevo jefe de la comisaría de Morteros.

En el breve acto estuvo el director de la Unidad Departamental San Justo, Pablo Berardo.

No se descarta que en las próximas horas puedan producirse más cambios en aquella jurisdicción.

El escándalo de la “comisaría de la puerta giratoria de las armas” –como se bautizó en algunos ámbitos no se sabe hasta dónde puede llegar.

¿Qué pasó en Morteros?

Fuentes oficiales señalaron a La Voz que una pistola Browning 6.35 milímetros fue secuestrada hace pocos días por policías del área de investigaciones en el marco de un control a dos sospechosos que iban en una moto por calles de Brinkmann, población ubicada a 18 kilómetros de Morteros.

Según la versión oficial, cuando vieron a los policías, los sospechosos “se deshicieron de un arma”.

Se trataba de una Browning 6.35 (se la conoce como “baby” por su tamaño) que había sido robada de una casa de la zona.

Moto , pistola y acusados fueron trasladadas a la comisaría de Morteros. El caso quedó judicializado.

Voceros oficiales dijeron que “esa pistola luego fue secuestrada, días después, en otro hecho delictivo” en la misma jurisdicción.

Al parecer, fue otro grupo de policías el que secuestró esa Browning.

Al entregarse el procedimiento, la situación anómala fue advertida por empleados judiciales.

Semejante pistola automática llamaba y mucho la atención.

La causa comenzó a ser investigada y, en las últimas horas, se dispusieron las imputaciones por orden del fiscal de instrucción de Morteros, Fernando Ávila Echenique.

Seis imputados, pero libres

Tres policías quedaron imputados por hurto agravado, es decir robo.

Además, están acusados por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de: el subcomisario Juan Diego Véliz Oviedo, el oficial ayudante Marco Antonio Valdez Martino y la sargento Liliana Beatriz Oviedo.

En paralelo, hay otros tres uniformados imputados por presunto encubrimiento agravado: dicho de otro modo, mirar para un costado y no denunciar nada.

Los acusados en este caso son: el sargento ayudante Alexis Sebastián Barzagui, el oficial ayudante Lucio Abdony y el sargento Darío Gette.

Además, también quedaron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dicho a las claras, no cumplir con la ley. Como fue dicho, los seis uniformados forman parte de la brigada de investigaciones de Morteros.

El subcomisario Véliz Oviedo era el jefe de esa brigada.

Por ahora, el fiscal dispuso que todos continuaran libres.

Se espera que en los próximos días se concretarán las indagatorias.

El propio fiscal notificó las imputaciones a las máximas autoridades de la Jefatura de Policía de Córdoba.

Los seis policías quedaron en situación pasiva, lo que implica que no trabajan, se les quita el arma y quedan con un sueldo reducido hasta tanto avance la causa.

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