04/07/2022

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Discapacidad y educación: no hay igualdad entre iguales

Obtener el título nacional secundario en papel moneda que acredite la finalización del ciclo tiene su importancia. Este no sólo habilita al joven a realizar estudios superiores en cualquier lugar del territorio argentino, lo que da así libertad para vivir y trascender donde quiera, sino también al pleno empleo en el sentido de acceso a un trabajo en relación de dependencia, ya que muchas empresas exigen esa certificación a la hora de contratar.

Por estas precisas razones, las escuelas especiales y los jóvenes con discapacidad, a lo largo de los años, tuvieron que adaptarse a distintas normativas y requerimientos para poder alcanzarlo.

A saber, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, tanto en la resolución 712/2015 como en la 1.825/2019, quita el título secundario de validez nacional a las escuelas de modalidad especial. Y en la última norma, a su vez, establece que las escuelas especiales aumenten su carga horaria significativamente para tener similitud con la escuela común y exige que se incorpore el idioma extranjero (Inglés) en su plan de estudio, por igual razón.

A los jóvenes con discapacidad que están incluidos en la escuela común, el Consejo Federal y Ministerio de Córdoba, a través de la resolución 311/2016, les estipula cumplir y aprobar con todos los espacios curriculares del plan de estudio vigente, con el mínimo de ajustes, para lograr obtener el tan deseado título nacional. Y en la resolución 1.825/2019 agrega la incorporación del proyecto pedagógico para la inclusión (PPI), que permite ajustes razonables y acta de acuerdo para el acompañamiento de la trayectoria del joven.

Establece así que, en incumplimiento de estos requerimientos, se deberá otorgar título provincial de bachiller, en el que se adjunte una constancia de las capacidades adquiridas.

Si estas exigencias fueran para todos los estudiantes que cursan el nivel secundario, el sistema sería inclusivo, pero si sólo está destinado a los estudiantes con discapacidad, para que estos sean los únicos que deban certificar sus capacidades a fin de recibir su título, y si este además no tiene el mismo alcance, claramente se está proponiendo una trayectoria educativa discriminatoria, más aún en estudiantes con discapacidad intelectual y especialmente tratándose de un nivel educativo que es obligatorio.

Por tanto, nuestro sistema educativo continúa generando procesos de discriminación en razón de la discapacidad, lo que impide a los estudiantes una educación inclusiva junto con personas sin discapacidad, en igualdad de condiciones.

Hoy los jóvenes con discapacidad y sus familias, a siete años de aquella resolución 712/2015, volvieron a la lucha para que no se violen sus derechos con el lema “Mi título/Mi derecho”. Entienden que la titulación con validez nacional no puede ser de excepcionalidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada en 2006, que la Argentina ratificó en su totalidad en 2008 (ley 26.378) y le otorgó rango constitucional en 2014 (ley 27.044), establece que “los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. A tal fin, los Estados parte asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”.

Por tanto, es la educación secundaria la que debe asegurar no sólo la accesibilidad, sino también el progreso, el egreso y la titulación por igual.

Dado que la CDPD tiene estatuto constitucional, de carácter supralegal, las nombradas resoluciones son anticonstitucionales, además de discriminatorias. Resulta preocupante que mientras a ciertos jóvenes se les facilitan su titulación y estudio, a otros se les presentan barreras que los desalientan a continuar con sus estudios superiores, desconociendo sus saberes y esfuerzos, y otorgándoles un título de alcance provincial que no les permite aspirar a su máximo desarrollo académico ni social, en igualdad de oportunidades con los demás.

* Especialista en accesibilidad; dirigente del PRO

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