30/06/2022

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Se cayó una causa por facturas truchas en Córdoba

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por mayoría, confirmó el fallo del juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, que había anulado informes en una causa por facturas falsas porque no se había autorizado debidamente el levantamiento del secreto fiscal de investigados, con lo que el caso contra varios investigados se cayó.

El expediente involucraba originalmente a varios imputados, entre ellos al reconocido economista Gonzalo Matías Nadín Argañaraz, y se centraba en dos supuestos fraudes al Estado nacional: la generación de facturas apócrifas para estafar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y una presunta “triangulación” ficticia de exportaciones que permitiría sortear los controles de la Aduana nacional con sus respectivos tributos.

Quien fue señalado como jefe y organizador de esta presunta asociación ilícita fue Lafuente Sivilotti. También aparecían en el expediente Ana Paula Ruffa, Francisco Adolfo Lafuente, Teresa del Valle Silviotti, Jorge Alfredo Centeno Novillo, Gabriel Céspedes, Claudio Abregú Vukovic, Eduardo Carlos de la Fuente, María Teresa Díaz, Marcelo Daniel Ferraris, Sergio Aram Derhagopian, Sebastián Toranzo, Cristian Luis Ríos, Nicolás Ezequiel Reyna Ontivero, Santiago Agustín Gobbi Fenoglio, María Candela Burgos y Sergio Eduardo Scravaglieri.

La causa

La causa surgió a partir de la denuncia de Diego Clemente Peralta. El entonces fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lascano (jubilado) tomó conocimiento de presuntas actividades ilícitas relacionadas a la facturación apócrifa y evasión impositiva.

Ante eso, dispuso, entre otras medidas, oficiar a la Afip para que remitiera la información fiscal que poseyera sobre el denunciante (un informe sobre el Cuit, la actividad que realiza, facturación emitida, declaraciones juradas, bienes, sociedades, domicilios fiscales y bancos con los que opera, etc.).

Sin embargo, según Bustos Fierro, el “fiscal no solicitó levantar el secreto fiscal tal como expresa el artículo 101 del procedimiento fiscal”. La Afip finalmente remitió informes y contestaciones de oficio con información amparada en el secreto fiscal, que se sumaron a la causa.

A raíz de esos informes, se desataron numerosas medidas y Senestrari formuló requerimiento de instrucción y ampliación y solicitó allanamientos a domicilios y embargos de inmuebles, vehículos y cuentas.

Pero el juez indicó que “de la observación de los oficios por los cuales se requirió dicha información” a la Afip surgía que no se había solicitado “en ningún momento y a ningún órgano jurisdiccional, ni tampoco lo dispuso por sí el fiscal, el correspondiente levantamiento del secreto fiscal”.

Por lo tanto, resolvió, “encontrándose incorporados” a la causa informes amparados en el secreto fiscal y “no habiéndose dispuesto el levantamiento del mismo adecuadamente en forma oportuna -afirmó-, se encuentra violentada dicha garantía no pudiendo ser admitidos dichos informes como prueba en causa judicial, debiendo ser rechazada de oficio”.

De esta forma, en octubre pasado, declaró la nulidad y el desglose de los informes (en resguardo del debido proceso).

La postura de la mayoría de la Cámara

Los vocales Ávalos y Graciela Montesi –por mayoría, con la disidencia de la camarista Liliana Navarro- confirmaron la nulidad de los informes de la Afip, resuelta por Bustos Fierro, y “y de todos los actos que fueran su consecuencia” (allanamientos, etc.). Así, la causa se cayó.

“Se advierte así que el proceder del representante del Ministerio Público Fiscal debe estar por mandato legal guiado en el respeto de la legalidad y la justicia, debiendo actuar de modo objetivo en procura de un proceso justo y respetuoso de las garantías constitucionales”, recordó Montesi, responsable del primer voto.

“Para superar la valla o manto de protección que ampara constitucionalmente al individuo a través del secreto fiscal, el mismo debe ser levantado de forma expresa mediante un acto debidamente fundado, para evitar así posibles arbitrariedades e intromisiones indebidas por parte de los órganos del Estado”, señaló Montesi.

Y citó la jurisprudencia de la Corte Suprema que señaló que “aquel órgano constitucional –y sus unidades específicas de investigación- pueden acceder a información amparada por el secreto fiscal siempre que medie orden de juez competente, o lo requiera el propio fiscal interviniente cuando tenga a su cargo la dirección de la investigación”.

“Entiendo que tanto uno como otro deben decidir expresamente el levantamiento del secreto fiscal y considero contrario a la lógica inferir que mientras al juez de la causa se le requiera el libramiento de orden expresa, el fiscal pueda solicitar el acceso a la información sin mediar tal acto, por el solo hecho de tener delegada la instrucción”, señaló.

“Resulta de fundamental importancia que todos los actos estructurales del proceso sean fundamentados. Esto implica un control sobre la logicidad del razonamiento y supone corroborar el empleo de los principios clásicos de la sana crítica en su aspecto puramente formal, que del acto surja la manifestación de las razones de hecho y derecho que justifican el juicio emitido, lo que importa resguardar tanto una garantía en beneficio de los eventuales acusados como así también para el propio Estado, en el sentido que refuerza una correcta administración de justicia”, advirtió.

En la causa, sostuvo, no se constató que el juez o el fiscal “dispusieron expresa y fundadamente el levantamiento del secreto fiscal para acceder a la información solicitada mediante los sucesivos oficios, tornando de tal modo ilegítima su obtención”.

“No surge tampoco de las constancias de la causa que al solicitarse los informes se hayan esgrimido razones por las cuales se considerase excepcionado el caso del secreto fiscal y que hicieran procedente su levantamiento”, indicó.

“La regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional”.

Postura en disidencia

El camarista Eduardo Ávalos coincidió con el planteó, con excepción de Navarro, que discrepó con ambos: “En ningún momento se vulneró el secreto fiscal de personas que puedan ser consideradas terceros ajenos a la investigación practicada en autos por los fiscales federales actuantes, pues al averiguar sobre el Cuit del denunciante Peralta -perjudicado por el accionar de terceros que se desconocían hasta ese momento-, surgieron las empresas conformadas por las personas que habrían estado usando ilegalmente el Cuit de Peralta para generar una usina de facturas falsas”.

La vocal señaló que “los derechos reconocidos a toda persona, incluso los reconocidos por la Constitución, no son absolutos en razón de que el ejercicio de los mismos se encuentra restringido por determinadas exigencias propias de la vida en sociedad. El derecho a la intimidad tampoco puede considerarse un derecho absoluto (…)”.

“La formalidad sacramental que refieren los defensores para el levantamiento del secreto fiscal, no es una exigencia formal de la normativa vigente, y solo aparece como intento para alcanzar el desvanecimiento de una investigación llevada a cabo en legal forma, que habría arrojado el descubrimiento de un millonario perjuicio fiscal y la supuesta participación de numerosas personas en hechos delictivos por los que luego fueron imputados y posteriormente procesados”, afirmó.

“Lo actuado por el Ministerio Público Fiscal se ajusta estrictamente a las exigencias del Código de rito y de las normas sustanciales (…). De lo contrario estaríamos desconociendo las facultades que posee de investigar y perseguir los delitos de acción pública”, afirmó.

Voceros judiciales señalaron a La Voz que la causa “se puede reconstruir” nuevamente sobre la base de la información que sigue en poder de la Afip y acusar así nuevamente a los en su momento investigados.

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