02/10/2022

Mirando la Hidrovía

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La voracidad fiscal insaciable del Estado

Las contradicciones del Gobierno nacional en distintas áreas del Estado no dejan de sorprender en forma cotidiana. Entre estas, se cuentan los cambios al sistema impositivo, el cual debería ser previsible y, al menos, permanente a mediano plazo en sus disposiciones.

Las distintas modificaciones operadas en el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, impulsadas en su momento por el hoy ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, no solucionaron en forma definitiva la carga para quien, con sus haberes, debe desarrollarse y sostener una familia.

Los aumentos salariales de este año elevaron el piso de los ingresos de los dependientes. Estos pueden ser ahora sujetos del pago del tributo o bien ser alcanzados por alícuotas más altas.

Esto sucede porque no hubo un ordenamiento final al parche establecido en meses anteriores por la iniciativa del entonces titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

La intranquilidad no es sólo patrimonio de los trabajadores en relación de dependencia que, en muchos casos, aceptan percibir “en negro” o a través de tarjetas de débito parte de sus ingresos, para no ser alcanzados por el impuesto.

La Cámara Baja acaba de aprobar el Pacto Fiscal 2022, el cual autoriza a las provincias a subir las alícuotas de impuestos tan distorsivos como los que gravan Ingresos Brutos y los de Sellos, para hacerse de fondos ante el próximo año electoral.

La iniciativa echa por tierra la ley aprobada en 2016, que preveía una reducción paulatina de esos tributos para estimular la producción y el desarrollo de nuevas industrias.

En forma paralela, se permite la actualización o el cobro de un impuesto a la herencia anticipada de bienes, como así también revalúos inmobiliarios, todo lo cual implica una mayor carga para el sector privado.

De tal modo, los diferentes niveles del Estado sortean el necesario ajuste que deberían realizar, por la superpoblación de planteles y de actividades innecesarias o multiplicadas en cada jurisdicción.

El ejemplo más visible de esa contradicción es que, mientras se exige semejante esfuerzo fiscal a trabajadores y empresas, la vicepresidenta Cristina Fernández acaba de engrosar la planta de la Cámara de Senadores con la designación de 280 empleados.

Los nombramientos en otras áreas, por ahora congelados, podrían multiplicarse con la inminente finalización del mandato de autoridades y legisladores nacionales.

El presidente Alberto Fernández acaba de realizar una gira por Estados Unidos con una comitiva de 50 personas, pese a la intrascendencia de gran parte de las actividades realizadas, salvo el discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la reunión con empresas petroleras.

El despilfarro en los diferentes niveles del Estado es incontable, y nada parece corregirlo.

Para sostener ese ritmo del gasto público, se necesita expoliar los recursos del sector privado, cuyo crecimiento queda limitado ante semejante voracidad.

Para que se cumpla el eslogan publicitario de que primero está la gente, las autoridades deberán invertir el orden de sus prioridades y evitar las contradicciones entre sus palabras y los hechos.

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